Mediante Resolución PG nº 476/18 el Dr. Julio Conte-Grand dispuso aprobar para el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires el uso del Protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios). Este documento fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación con el acompañamiento y asistencia técnica de entidades del sistema de Naciones Unidas, Unión Europea, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y referentes del sistema de justicia.

Enmarcado en el objetivo estratégico y prioritario del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires de promover y fortalecer los procesos y proyectos orientados brindar adecuada protección a víctimas de la violencia de género, el documento contiene herramientas de actuación esclarecedoras sobre cómo investigar estos casos: los supuestos típicos que abarca, las garantías y derechos que asisten a las partes en conflicto, las obligaciones estatales por parte de quienes se desempeñan como operadores judiciales y los mecanismos que se deben observar para realizar un abordaje integral, respetando la normativa nacional y los compromisos que asumió el Estado argentino al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos.

Se tomaron como pautas referenciales a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); a fallos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Caso González Claudia Ivette y otras "Campo Algodonero” vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas". Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C, nro. 205); y al "Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)" -Protocolo ONU-

La Resolución del Dr. Conte-Grand señala que el Protocolo aprobado recepta las líneas directrices del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires para el tratamiento de los femicidios, sin perjuicio de los protocolos o guías vigentes que existan sobre la materia en los departamentos judiciales, en tanto sean compatibles con los criterios rectores del referido documento.