La Violencia Institucional constituye la más grave afrenta contra la vigencia de los derechos fundamentales y, por consecuencia, del Estado democrático de derecho.

Uno de los aspectos más problemáticos de este fenómeno está dado por la invisibilidad con que esos hechos ocurren y la consiguiente carencia de datos y cifras concretas sobre las condiciones y circunstancias de su acaecimiento.

La escasez de información, a su vez, limita las posibilidades de afrontar con verdadera eficacia estos fenómenos por parte de los organismos de la provincia encargados de prevenirla, perseguirla o sancionarla.

Resulta indispensable promover nuevos mecanismos para la detección y medición de los hechos de Violencia Institucional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el Registro de Violencia Institucional (en adelante RVI) —creado por la Ley N.º 14.687 y puesto en funcionamiento por la Procuración General mediante Res. PG N° 413/17—, tiene por objetivo relevar todas las actuaciones judiciales que se inicien por hechos de Violencia Institucional en las que intervenga el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de detectar, registrar, sistematizar y dar seguimiento a esta clase de investigaciones penales, y a su vez contar con información útil para el diseño de la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, como así también de las otras áreas del Ministerio Público. El RVI también brindará información de trascendencia a los demás organismos del Estado provincial.

Por otra parte, en lo que respecta a la mecánica de funcionamiento del sistema, los Agentes Fiscales informarán al RVI aquellos hechos de Violencia Institucional denunciados a través del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).

La existencia y utilización de indicadores relevantes sustenta el desarrollo de políticas específicas por parte del Estado y sus instituciones. Así, los indicadores construidos sobre estadísticas de calidad son vitales y coadyuvan a que los Estados mejoren sus políticas y a su vez sean transparentes y responsables en la obtención de los objetivos que les han sido legalmente encomendados, de cara a la sociedad.

La implementación del RVI permitirá efectuar diagnósticos más precisos, al mismo tiempo que reitera el compromiso irrestricto del Ministerio Público con el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.