Con la presencia del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Lic. Rogelio Frigerio, el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, suscribió el 23 de enero de 2018 un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación con las autoridades a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Dr. Eduardo Ezequiel Casal; del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Luis Cevasco, y de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina, el director, Dr. Horacio José García.

El evento tuvo lugar en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada y acompañaron al Dr. Julio Conte-Grand, el Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, Dr. Francisco Pont Verges, y el Relator Letrado del Procurador General, Dr. Guillermo Anderlic.

Este convenio tiene por objeto establecer las bases sobre las cuales las partes se prestarán cooperación y asistencia recíproca de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicio, en las áreas de sus respectivos conocimientos y competencias. Ello ayudará a prevenir y combatir el delito organizado nacional y trasnacional en todas sus formas, como así también a mejorar sus capacidades operativas y funcionales.

Además, la Dirección Nacional de Migraciones se compromete a organizar y dictar cursos de especialización para el personal dependiente de los referidos Ministerios Públicos, como a facilitar y agilizar la tarea de investigación de aquellas investigaciones penales en el marco de sus deberes y atribuciones.

A tal fin, la Dirección Nacional de Migraciones facilitará la consulta de la información disponible en sus bases de datos respecto de la situación migratoria de personas, restricciones para el ingreso y/o egreso del territorio nacional y los movimientos migratorios. El intercambio de esta información también podrá realizarse por medio de web services publicados en una red segura.

Por su parte, los Ministerios Públicos deberán notificar a la Dirección Nacional de Migraciones ─en las investigaciones penales seguidas contra extranjeros─, la existencia de todo auto de procesamiento, requerimiento de juicio, cierre de la investigación preparatoria, o cualquier acto procesal equiparable a aquellos, que se dicten o resuelvan respecto de dichas personas. Esta obligación también regirá respecto de toda medida cautelar privativa de libertad dictada contra extranjeros, como así también en relación a sentencias condenatorias que pesen sobre estos.