De acuerdo a lo oportunamente anunciado, el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, y el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Gustavo Ferrari, firmaron un Convenio en procura de avanzar conjuntamente en el desarrollo de un Plan Integral de Asistencia a las Víctimas de la Provincia y la implementación del Cuerpo de Abogados de la Víctima en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Sobre la base del compartido objetivo de potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, los titulares de ambos organismos acordaron la necesidad de profundizar las diversas medidas que se vienen adoptando, fundamentalmente a través de los Centros de Asistencia a la Víctima de la Procuración General y los Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia.

A través del convenio, en particular, la Procuración General se comprometió a poner en funcionamiento el Cuerpo de Abogados de la Víctima, en el ámbito del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a efectos de asistir a víctimas de delitos que consistan en graves atentados contra la vida y la integridad física, en especial en situaciones de violencia de género y delitos contra la integridad sexual.

Esta medida, adoptada a fin de garantizar el acceso de las víctimas al sistema judicial, se implementará gradualmente en los diversos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires, priorizando la atención de aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad y escasez de recursos económicos, no pudieren afrontar los gastos de asistencia.

El Ministerio de Justicia, por su parte, se comprometió a poner a disposición de la Procuración General, profesionales y espacios físicos funcionales de los Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia para su eventual afectación al Cuerpo de Abogados de la Víctima.

En este marco, se elaborará conjuntamente un proyecto de ley para crear los pertinentes cargos en el Ministerio Público y dotar a los funcionarios del cuerpo de las facultades inherentes a sus funciones de acuerdo al Código Procesal Penal de la Provincia, en los supuestos y bajo las condiciones de la reglamentación que al efecto dicte el Procurador General.

Sin perjuicio de los compromisos mencionados, la suscripción de este convenio constituye el marco adecuado para que la Procuración General y el Ministerio de Justicia trabajen permanente y coordinadamente en múltiples proyectos y medidas en pos de garantizar los derechos de las víctimas.