En el marco de la política de gobierno electrónico impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad del mencionado distrito, el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, y el Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Berni, celebraron un convenio de trascendencia institucional que contribuirá a alcanzar los objetivos que las partes persiguen en materia de modernización y digitalización de ambos organismos.

El objeto del convenio es propiciar la digitalización integral de las comunicaciones intercambiadas entre los funcionarios del MINISTERIO PÚBLICO y del MINISTERIO DE SEGURIDAD que importan un significativo avance en la implementación del expediente electrónico penal, más precisamente en la etapa investigativa. 

Ello afianza la digitalización integral de la comunicación toda vez que se digitalizarán las medidas practicadas por la Policía en el marco del artículo 293 y concordantes del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, las instrucciones impartidas por los agentes fiscales a las fuerzas policiales conforme lo normado por los artículos 267 y 268 del referido código y de aquellos trámites que resulten necesarios para la sustanciación de la investigación penal preparatoria. 

En concreto, el señalado convenio aprueba un protocolo mediante el cual los 19 departamentos judiciales que implementaron la IPP Electrónica contarán con las pericias, los informes y otras medidas de prueba encomendadas por los Fiscales a la Policía en forma inmediata por medios telemáticos permitiendo incrementar la capacidad investigativa del Ministerio Público Fiscal en la Provincia.

De la misma manera, ello facilitará la tarea de los Jueces de Garantías, Defensores Oficiales, Asesores de Menores y Curadores Oficiales, quienes podrán acceder en forma virtual a las actuaciones judiciales conforme lo establece la normativa vigente en la materia. 

En definitiva, la integración contribuirá a garantizar el acceso a la justicia, agilizar los procesos penales, seguir incrementando los niveles de transparencia institucional, optimizar los recursos humanos y técnicos de ambos organismos, y, por último, ampliar la información disponible para la toma de decisiones basadas en evidencia.