El Procurador General Dr. Julio Conte-Grand dispuso requerir a los Fiscales Generales de los 19 departamentos judiciales, que adopten acciones encaminadas a que los agentes fiscales aseguren por todos los medios a su alcance el efectivo ejercicio por parte de las víctimas de delitos y sus familiares, de los derechos emergentes de la normativa vigente, así como su participación en los procesos penales en trámite, particularmente la ponderación de los extremos fácticos y normativos que habiliten su intervención en la sustanciación de medidas de coerción -y su eventual morigeración o extinción- y de incidentes de ejecución, de ser el caso.

 La decisión -enmarcada en las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo de la emergencia sanitaria existente por el COVID-19- menciona en sus considerandos las políticas institucionales que ya viene implementando el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en relación  al acompañamiento a las víctimas, por constituir un objetivo prioritario de su plan estratégico.

En este sentido, la resolución menciona que se ha promovido el acceso a la información por parte de los ciudadanos, se ha propiciado la coordinación interinstitucional para la asistencia bajo el principio de unidad del Estado, y se han impulsado numerosas actividades académicas y jornadas de capacitación basadas en la recepción por parte del sistema acusatorio de la concepción de la víctima como sujeto eminente del proceso penal bajo condiciones de equilibrio institucional; siendo todas estas acciones concretadas mediante la creación del Cuerpo de Abogados de la Víctima por Resolución PG N° 537/17; la aprobación de la "Guía de Criterios de Actuación en materia de Protección de Víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad física y la integridad sexual" por Acta Complementaria N° 1 al Convenio Marco de Cooperación celebrado el 21 de diciembre de 2017 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; la aprobación mediante Resolución PG N° 476/18 del "Protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)" del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y la publicación del Mapa Interactivo de Acompañamiento a las Víctimas (MIAV).