En el marco de las XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se llevaron a cabo entre los días 26 y 28 de septiembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en las que participó el Procurador General, se formuló "La Declaración de los Consejos Federales de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y de Política Criminal de la República Argentina".

Entre sus ejes temáticos se abordaron cuestiones vinculadas a procesos de flagrancia, rol de los fiscales, lavado de dinero, actuación fiscal en materia penal, periodismo judicial, narcotráfico, violencia de género y derecho penal, entre otros temas de interés.

La declaración manifestó que "resulta prioritario para otorgar mayor calidad e independencia a la Justicia Penal adoptar medidas para la conformación de organismos policiales en el ámbito de los Ministerios Públicos"; siendo un punto de partida el desarrollo de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense.

Posteriormente, se hizo hincapié en la importancia que adquiere frente a la complejidad del delito en las sociedades modernas una herramienta fundamental como son las escuchas telefónicas, aspecto que al día de la fecha es gestionado y concentrado por el Poder Judicial de la Nación.

Con respecto a la violencia de género, habiéndose avanzado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la provisión de fondos destinados a la capacitación, los Consejos renovaron su compromiso de mejoramiento de intervención para la eliminación de la violencia contra la mujer.

En cuanto a los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores, se proclamó que deben orientarse a nuevos métodos de mayor calidad en cuanto a la detección de los perfiles de los integrantes de los Ministerios Públicos, para lo cual "es imprescindible que los organismos de selección se encuentren integrados tanto por las máximas jerarquías como por los miembros de los niveles básicos de nuestras instituciones"

Por último, se insistió en la conveniencia de pronta sanción de una reforma penal integral en el ámbito del Congreso de la Nación, que tome como base los trabajos de la comisión encargada de la formulación del anteproyecto del Código Penal.