El Procurador General Dr Julio Conte-Grand y el Procurador General interino de la Nación Dr. Eduardo Casal suscribieron el martes 15 de mayo un Convenio por el que el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires proveerá el Sistema de identificación biométrica “IBIO” aI Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para ello, la Procuración General -a través de la Subsecretaría de Informática- facilitará el acceso a la referida base de datos con motivo de hechos originados en la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación en investigaciones penales y/o contravencionales, debiendo observar los operadores designados para su uso la confidencialidad exigida en la Ley nacional de datos personales n° 25.326. También se realizarán -a cargo de los equipos profesionales de la Subsecretaría de Informática- las actividades de capacitación que sean necesarias y se auditarán todos los accesos remotos efectuados desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La vinculación se enmarca en el Convenio de Cooperación que ambas partes suscribieron en 2017 con el objeto de acordar un marco institucional que facilite la colaboración y el intercambio de información con miras a mejorar la prestación del servicio que proporcionan a la comunidad en el ámbito de sus competencias, y a optimizar la utilización de los medios disponibles para alcanzar los objetivos propuestos en materia de política e investigación criminal.
El Procurador General Dr Julio Conte-Grand y el Procurador General interino de la Nación Dr. Eduardo Casal suscribieron el martes 15 de mayo un Convenio por el que el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires proveerá el Sistema de identificación biométrica “IBIO” aI Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para ello, la Procuración General -a través de la Subsecretaría de Informática- facilitará el acceso a la referida base de datos con motivo de hechos originados en la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación en investigaciones penales y/o contravencionales, debiendo observar los operadores designados para su uso la confidencialidad exigida en la Ley nacional de datos personales n° 25.326. También se realizarán -a cargo de los equipos profesionales de la Subsecretaría de Informática- las actividades de capacitación que sean necesarias y se auditarán todos los accesos remotos efectuados desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La vinculación se enmarca en el Convenio de Cooperación que ambas partes suscribieron en 2017 con el objeto de acordar un marco institucional que facilite la colaboración y el intercambio de información con miras a mejorar la prestación del servicio que proporcionan a la comunidad en el ámbito de sus competencias, y a optimizar la utilización de los medios disponibles para alcanzar los objetivos propuestos en materia de política e investigación criminal.
El Procurador General Dr Julio Conte-Grand y el Procurador General interino de la Nación Dr. Eduardo Casal suscribieron el martes 15 de mayo un Convenio por el que el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires proveerá el Sistema de identificación biométrica “IBIO” aI Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para ello, la Procuración General -a través de la Subsecretaría de Informática- facilitará el acceso a la referida base de datos con motivo de hechos originados en la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación en investigaciones penales y/o contravencionales, debiendo observar los operadores designados para su uso la confidencialidad exigida en la Ley nacional de datos personales n° 25.326. También se realizarán -a cargo de los equipos profesionales de la Subsecretaría de Informática- las actividades de capacitación que sean necesarias y se auditarán todos los accesos remotos efectuados desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La vinculación se enmarca en el Convenio de Cooperación que ambas partes suscribieron en 2017 con el objeto de acordar un marco institucional que facilite la colaboración y el intercambio de información con miras a mejorar la prestación del servicio que proporcionan a la comunidad en el ámbito de sus competencias, y a optimizar la utilización de los medios disponibles para alcanzar los objetivos propuestos en materia de política e investigación criminal.