El Procurador General Julio Conte-Grand y el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Gustavo Ferrari, suscribieron el lunes 25 de septiembre una addenda al convenio marco que vincula a ambas partes desde 2005 con el objeto de emprender acciones de cooperación institucional relacionadas con la implementación en el Ministerio Público del Registro Único de Personas Detenidas (RUD), que contiene -entre otros- datos de personas sometidas a proceso, actuaciones judiciales en trámite, órganos judiciales intervinientes, lugar de detención, traslados, modalidad (cerrada, abierta, atenuada, estricta, etc.)

El Ministerio de Justicia ha desarrollado recientemente el "Legajo Virtual del Interno” (LVI), que significa un importante avance en el proceso de informatización, digitalización y sistematización de la información sobre personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Esto lleva a redefinir pautas para el intercambio de información,  a fin de mejorar la calidad de la información existente y brindar un mejor servicio a quienes operan el sistema. La addenda contempla realizar una evaluación y posterior diagnóstico sobre necesidades actuales en materia de desarrollos tecnológicos, conectividad, equipamiento informático, recursos materiales y humanos.

También se acordó crear una Mesa de trabajo integrada por  funcionarios pertenecientes a la Procuración General y al Ministerio de Justicia, quienes en un plazo no mayor a 6 meses deberán elevar un informe.

Finalmente, las partes asumieron el compromiso de preservar, resguardar y utilizar la información a la que se acceda, para garantizar en los términos de la ley nacional 25.326 de protección de datos personales, la intimidad, el honor de las personas implicadas y la confidencialidad de las actuaciones judiciales y administrativas vinculadas, adoptándose medidas de seguridad informática equivalentes a las establecidas en el Régimen de uso responsable de los recursos informáticos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, según la Resolución del Procurador General n° 545/17.