La puesta en funcionamiento del Registro de Violencia Institucional (RVI) en el ámbito del Ministerio Público, se desarrolló en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata el jueves 22 de junio con la concurrencia de más de 650 personas.  Respondieron a la convocatoria Fiscales, Defensores, Jueces, Legisladores, funcionarios de los tres poderes del Estado, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de instituciones universitarias y asociaciones civiles que agrupan a víctimas de estos hechos.

El  Dr. Julio Conte-Grand estuvo acompañado en la apertura de la actividad por el Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Salvador, la Presidenta de la Suprema Corte Hilda Kogan y el Presidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca.

El Procurador General resaltó la trascendencia del acto, manifestada en la presencia de las máximas autoridades de los poderes públicos, como demostración de un accionar coordinado del Estado para la persecución, investigación y sanción a los responsables de hechos de violencia institucional. Explicó asimismo el Dr. Conte-Grand que el Registro contribuirá a dar visibilidad a la violencia institucional, pues la carga de datos -que desde ahora realizarán los Agentes Fiscales- permitirá la sistematización y seguimiento de causas en relación a denuncias formuladas,  plazos de tramitación, modos de culminación, cantidad de personas imputadas, instituciones a las que pertenecen, entre otros;  todos insumos que a su vez serán utilizados para la elaboración de estadísticas y el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas orientadas también a prevenir estos delitos.

La Dra. Kogan enfatizó que una justicia tardía no es justicia y -por ende- se transforma en generadora de mayor violencia institucional, razón por la cual es imprescindible contar con el Registro.

El Vicegobernador Salvador y el Diputado Mosca, expresaron el respaldo del Poder Legislativo con el Ministerio Público, haciendo notar la importancia que tiene para la Provincia de Buenos Aires el cumplimiento por parte de la Procuración General  del mandato de la ley 14.687, al crear el Registro contemplado en su artículo 9.

En el primer panel participaron el Secretario de Derechos Humanos Santiago Cantón, quien se refirió a lo que significa implementar el Registro en el marco de tratados, convenciones y demás instrumentos de derechos humanos en el plano universal y regional que el Estado argentino ha ratificado tiempo atrás y que también son de ineludible cumplimiento para la Provincia de Buenos Aires.

Luego expuso el Ministro de Justicia Gustavo Ferrari, quien mencionó la decisión del Poder Ejecutivo provincial de enviar a la Legislatura el proyecto de nuevo estatuto penitenciario, en reemplazo del actual que rige desde 1980. Señaló en este sentido que la selección, formación y permanente evaluación del personal serán sobre la base de considerar prioritaria la observancia de derechos humanos fundamentales de quienes se desempeñen en unidades carcelarias.

El Defensor del Pueblo Guido Lorenzino -siguiente orador en este panel- calificó como histórica la implementación del Registro, un antes y un después en el combate a la violencia institucional en la Provincia,  que requerirá del apoyo del Estado y de toda la sociedad.

Finalmente, el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo resaltó la voluntad política de la Gobernadora María Eugenia Vidal de avanzar firmemente en la investigación de casos de violencia institucional y -en este sentido- apoyar la puesta en funcionamiento del Registro. El Ministro brindó detalles acerca de las acciones impulsadas desde Asuntos Internos, que han generado en 2016 y hasta junio de 2017 la investigación a 2800 agentes por presuntos hechos de violencia institucional.

En el segundo panel, la Directora del Área de Justicia y Seguridad del C.E.L.S. Paula Litvachky, destacó el valor de implementar el Registro, teniendo en cuenta los históricos abusos que se cometieron y cometen en la Provincia de Buenos Aires en comisarías, cárceles y otros ámbitos. Asimismo planteó que las organizaciones de derechos humanos puedan formular aportes para perfeccionar su funcionamiento.

Concluyendo este panel, la Dra. Alicia Pierini aludió -en base a su extensa trayectoria en el campo de la defensa de derechos humanos- a las nefastas consecuencias que sobre la vida y la integridad de las personas trajo aparejada la violencia institucional, lo que torna más necesaria la intervención de la justicia y los poderes públicos en general para actuar y brindar respuestas concretas.

En el tercer y último panel, las Sras. Silvia Irigaray y Sabina Sotelo –madres de Maximiliano y Victor respectivamente, víctimas mortales de la violencia institucional- dieron testimonio de  su dolor personal, de su lucha incansable contra la impunidad y por la erradicación de la violencia institucional a través de las asociaciones civiles que impulsaron.  

El Procurador General -quien acompañó a las madres durante sus exposiciones- puso de relieve que fueron invitadas a participar pues no se puede tomar conciencia acerca de la realidad de estos delitos caracterizados por la marcada disparidad de fuerzas entre victimarios y víctimas, sin escuchar en primera persona a quienes perdieron hijos y familiares a causa de la violencia institucional.  El Registro es una herramienta, que a través de mesas de diálogo con el aporte de diferentes instituciones irá mejorando y perfeccionándose, porque es un compromiso asumido: “Contra la violencia institucional, pero también contra el delito en general y contra el crimen organizado; estamos dispuestos a hacerlo y no importa a quién enfrentemos”, concluyó el Dr. Conte-Grand.

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Videos de la Jornada (Página Web del Centro de Capacitación):

- Acto de Apertura

- Primer Panel