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Reconocimiento a la Red Nacional 24/7

    04/04/2017 | Por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil en Internet

Reconocimiento a la Red Nacional 24/7

    04/04/2017 | Por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil en Internet

Reconocimiento a la Red Nacional 24/7

    04/04/2017 | Por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil en Internet

Tenemos el agrado de compartir la traducción al español de un extracto del Argentina 2016 Human Rights Report elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde al abordar y analizar el tema de la pornografía infantil de la Argentina, reconoció el esfuerzo y el trabajo llevado adelante por los fiscales de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la Red Nacional 24/7, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil detectada en Internet.

  

Explotación sexual de niños y niñas:


La explotación sexual de niños y niñas, que incluye su prostitución, fue un problema durante el período. La edad mínima de consentimiento sexual es de 13 años pero existen protecciones especiales para las personas de entre 13 y 16 años. Existe una ley de delitos contra la integridad sexual que estipula penas que van de los seis meses a los veinte años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y otros factores. Además, si un juez encuentra evidencia de engaño, uso de violencia, amenazas, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción que resultare en acceso carnal, la pena mínima sube a seis años, independientemente de la edad de la víctima.

 

Se informaron varios casos de abuso sexual infantil con fuerte impacto durante el año. En septiembre un Foro de Periodismo local reveló la existencia de una amplia red de trata de niños y niñas bolivianos de bajos recursos. Según el informe, las redes de trata internacionales engañaron a los niños y niñas para que cruzaran la frontera entre Argentina y Bolivia con la promesa de trabajos bien pagos. A continuación, dichas redes vendieron a la mayoría de los niños y niñas por AR $ 4620 (US $ 300) a círculos de prostitución, industrias de explotación o talleres de trabajo.

 

La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de prisión. Aunque la ley no prohíbe la posesión de pornografía infantil por parte de individuos para uso personal, sí estipula penas entre los cuatro meses y los dos años de prisión por poseer pornografía infantil con fines de distribución. La ley prevé también pena de un mes a tres años de prisión por facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.

 

Durante el año, los fiscales pertenecientes al programa nacional Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil en Internet investigaron exhaustivamente distintos casos de pornografía infantil. De enero a septiembre[1] la Red recibió 617 reportes en la provincia de Buenos Aires e inició 424 Investigaciones Penales Preparatorias, de las cuales 73 se desestimaron. El resto de los casos continuaban investigándose hacia fin de año. Se informó que la tasa de condenas fue baja debido a la dificultad en probar los hechos de distribución y producción del material. A pesar de que se sucedieron procesos judiciales extensos y obstáculos burocráticos, la Red demostró una mejor capacidad de castigar a los delincuentes a nivel nacional.


-----

 

Sexual Exploitation of Children: Sexual exploitation of children, including in prostitution, was a problem. The minimum age of consensual sex is 13, but there are heightened protections for persons ages 13 to 16. There is a statutory rape law with penalties ranging from six months to 20 years in prison, depending on the age of the victim and other factors. In addition, if a judge finds evidence of deception, violence, threats, abuse of authority, or any other form of intimidation or coercion resulting in sexual intercourse, the minimum sentence increases to six years, regardless of age.

 

Several prominent cases of child sexual abuse were reported during the year. In September a local journalism forum reported widespread trafficking of disadvantaged Bolivian children. According to the report, international criminal networks lured children across the Argentina-Bolivia border with the promise of well-paying jobs. These networks then sold most of the children for 4,620 pesos ($300) to prostitution rings, exploitative industries, or workshops.

 

The law prohibits the production and distribution of child pornography, with penalties ranging from six months to four years in prison. While the law does not prohibit the possession of child pornography by individuals for personal use, it provides penalties ranging from four months to two years in prison for possession of child pornography with the intent to distribute it. The law also provides penalties ranging from one month to three years in prison for facilitating access to pornographic shows or materials for minors under the age of 14.

 

During the year prosecutors from the nationwide “Point of Contact Network against Child Pornography on the Internet” aggressively pursued cases of internet child pornography. From January through September, the Network received 617 reports in Buenos Aires Province and initiated 424 preliminary criminal investigations, 73 of which were unsubstantiated. The remaining cases were under investigation at year’s end. The conviction rate was reportedly low due to the difficulty in proving distribution and production. While lengthy judicial processing and bureaucratic inefficiencies occurred, the Network reported national level improvements in the ability to punish offenders.



Tenemos el agrado de compartir la traducción al español de un extracto del Argentina 2016 Human Rights Report elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde al abordar y analizar el tema de la pornografía infantil de la Argentina, reconoció el esfuerzo y el trabajo llevado adelante por los fiscales de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la Red Nacional 24/7, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil detectada en Internet.

  

Explotación sexual de niños y niñas:


La explotación sexual de niños y niñas, que incluye su prostitución, fue un problema durante el período. La edad mínima de consentimiento sexual es de 13 años pero existen protecciones especiales para las personas de entre 13 y 16 años. Existe una ley de delitos contra la integridad sexual que estipula penas que van de los seis meses a los veinte años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y otros factores. Además, si un juez encuentra evidencia de engaño, uso de violencia, amenazas, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción que resultare en acceso carnal, la pena mínima sube a seis años, independientemente de la edad de la víctima.

 

Se informaron varios casos de abuso sexual infantil con fuerte impacto durante el año. En septiembre un Foro de Periodismo local reveló la existencia de una amplia red de trata de niños y niñas bolivianos de bajos recursos. Según el informe, las redes de trata internacionales engañaron a los niños y niñas para que cruzaran la frontera entre Argentina y Bolivia con la promesa de trabajos bien pagos. A continuación, dichas redes vendieron a la mayoría de los niños y niñas por AR $ 4620 (US $ 300) a círculos de prostitución, industrias de explotación o talleres de trabajo.

 

La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de prisión. Aunque la ley no prohíbe la posesión de pornografía infantil por parte de individuos para uso personal, sí estipula penas entre los cuatro meses y los dos años de prisión por poseer pornografía infantil con fines de distribución. La ley prevé también pena de un mes a tres años de prisión por facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.

 

Durante el año, los fiscales pertenecientes al programa nacional Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil en Internet investigaron exhaustivamente distintos casos de pornografía infantil. De enero a septiembre[1] la Red recibió 617 reportes en la provincia de Buenos Aires e inició 424 Investigaciones Penales Preparatorias, de las cuales 73 se desestimaron. El resto de los casos continuaban investigándose hacia fin de año. Se informó que la tasa de condenas fue baja debido a la dificultad en probar los hechos de distribución y producción del material. A pesar de que se sucedieron procesos judiciales extensos y obstáculos burocráticos, la Red demostró una mejor capacidad de castigar a los delincuentes a nivel nacional.


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Sexual Exploitation of Children: Sexual exploitation of children, including in prostitution, was a problem. The minimum age of consensual sex is 13, but there are heightened protections for persons ages 13 to 16. There is a statutory rape law with penalties ranging from six months to 20 years in prison, depending on the age of the victim and other factors. In addition, if a judge finds evidence of deception, violence, threats, abuse of authority, or any other form of intimidation or coercion resulting in sexual intercourse, the minimum sentence increases to six years, regardless of age.

 

Several prominent cases of child sexual abuse were reported during the year. In September a local journalism forum reported widespread trafficking of disadvantaged Bolivian children. According to the report, international criminal networks lured children across the Argentina-Bolivia border with the promise of well-paying jobs. These networks then sold most of the children for 4,620 pesos ($300) to prostitution rings, exploitative industries, or workshops.

 

The law prohibits the production and distribution of child pornography, with penalties ranging from six months to four years in prison. While the law does not prohibit the possession of child pornography by individuals for personal use, it provides penalties ranging from four months to two years in prison for possession of child pornography with the intent to distribute it. The law also provides penalties ranging from one month to three years in prison for facilitating access to pornographic shows or materials for minors under the age of 14.

 

During the year prosecutors from the nationwide “Point of Contact Network against Child Pornography on the Internet” aggressively pursued cases of internet child pornography. From January through September, the Network received 617 reports in Buenos Aires Province and initiated 424 preliminary criminal investigations, 73 of which were unsubstantiated. The remaining cases were under investigation at year’s end. The conviction rate was reportedly low due to the difficulty in proving distribution and production. While lengthy judicial processing and bureaucratic inefficiencies occurred, the Network reported national level improvements in the ability to punish offenders.



Tenemos el agrado de compartir la traducción al español de un extracto del Argentina 2016 Human Rights Report elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde al abordar y analizar el tema de la pornografía infantil de la Argentina, reconoció el esfuerzo y el trabajo llevado adelante por los fiscales de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la Red Nacional 24/7, en orden a la investigación de la Pornografía Infantil detectada en Internet.

  

Explotación sexual de niños y niñas:


La explotación sexual de niños y niñas, que incluye su prostitución, fue un problema durante el período. La edad mínima de consentimiento sexual es de 13 años pero existen protecciones especiales para las personas de entre 13 y 16 años. Existe una ley de delitos contra la integridad sexual que estipula penas que van de los seis meses a los veinte años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y otros factores. Además, si un juez encuentra evidencia de engaño, uso de violencia, amenazas, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción que resultare en acceso carnal, la pena mínima sube a seis años, independientemente de la edad de la víctima.

 

Se informaron varios casos de abuso sexual infantil con fuerte impacto durante el año. En septiembre un Foro de Periodismo local reveló la existencia de una amplia red de trata de niños y niñas bolivianos de bajos recursos. Según el informe, las redes de trata internacionales engañaron a los niños y niñas para que cruzaran la frontera entre Argentina y Bolivia con la promesa de trabajos bien pagos. A continuación, dichas redes vendieron a la mayoría de los niños y niñas por AR $ 4620 (US $ 300) a círculos de prostitución, industrias de explotación o talleres de trabajo.

 

La ley prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil con penas que van desde los seis meses a los cuatro años de prisión. Aunque la ley no prohíbe la posesión de pornografía infantil por parte de individuos para uso personal, sí estipula penas entre los cuatro meses y los dos años de prisión por poseer pornografía infantil con fines de distribución. La ley prevé también pena de un mes a tres años de prisión por facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.

 

Durante el año, los fiscales pertenecientes al programa nacional Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil en Internet investigaron exhaustivamente distintos casos de pornografía infantil. De enero a septiembre[1] la Red recibió 617 reportes en la provincia de Buenos Aires e inició 424 Investigaciones Penales Preparatorias, de las cuales 73 se desestimaron. El resto de los casos continuaban investigándose hacia fin de año. Se informó que la tasa de condenas fue baja debido a la dificultad en probar los hechos de distribución y producción del material. A pesar de que se sucedieron procesos judiciales extensos y obstáculos burocráticos, la Red demostró una mejor capacidad de castigar a los delincuentes a nivel nacional.


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Sexual Exploitation of Children: Sexual exploitation of children, including in prostitution, was a problem. The minimum age of consensual sex is 13, but there are heightened protections for persons ages 13 to 16. There is a statutory rape law with penalties ranging from six months to 20 years in prison, depending on the age of the victim and other factors. In addition, if a judge finds evidence of deception, violence, threats, abuse of authority, or any other form of intimidation or coercion resulting in sexual intercourse, the minimum sentence increases to six years, regardless of age.

 

Several prominent cases of child sexual abuse were reported during the year. In September a local journalism forum reported widespread trafficking of disadvantaged Bolivian children. According to the report, international criminal networks lured children across the Argentina-Bolivia border with the promise of well-paying jobs. These networks then sold most of the children for 4,620 pesos ($300) to prostitution rings, exploitative industries, or workshops.

 

The law prohibits the production and distribution of child pornography, with penalties ranging from six months to four years in prison. While the law does not prohibit the possession of child pornography by individuals for personal use, it provides penalties ranging from four months to two years in prison for possession of child pornography with the intent to distribute it. The law also provides penalties ranging from one month to three years in prison for facilitating access to pornographic shows or materials for minors under the age of 14.

 

During the year prosecutors from the nationwide “Point of Contact Network against Child Pornography on the Internet” aggressively pursued cases of internet child pornography. From January through September, the Network received 617 reports in Buenos Aires Province and initiated 424 preliminary criminal investigations, 73 of which were unsubstantiated. The remaining cases were under investigation at year’s end. The conviction rate was reportedly low due to the difficulty in proving distribution and production. While lengthy judicial processing and bureaucratic inefficiencies occurred, the Network reported national level improvements in the ability to punish offenders.



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