En el marco de las XXVIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, el Procurador General de La Pampa, Mario Bongianino, fue electo como Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, para el período 2015 / 2017.El consejo está integrado por la totalidad de los Procuradores y Fiscales Generales del país y entre sus logros está la instalación de siete Laboratorios Regionales de Investigaciones Forenses y Laboratorios Satélites de Investigaciones Forenses, uno por provincia. La propuesta de elección de las nuevas autoridades, fue votada unánimemente por sus pares.

Acompañan a Bongianino en la Mesa Directiva, entre otros, la procuradora General de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, como vicepresidenta Primera; y el fiscal General de Jujuy, Alejandro Ficoseco, como Tesorero.En las jornadas, también resultó electo presidente del Consejo Federal de Política Criminal, el Procurador General de la Provincia de Salta Pablo López Viñals y vicepresidentes el Fiscal General de San Juan Eduardo Quattropani y el procurador general de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, según informó el área de Prensa del MPF.El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales viene desplegando una tarea de suma importancia para el desarrollo y especialización de la investigación forense a lo largo de todo el país y proyecta en materia de desarrollo efectivo de política criminal, gestiona, recibe y rinde cuentas de las inversiones concretadas con fondos del Estado Nacional.Las XXVIII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos se desarrollaron en dependencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral UNL, en la ciudad de Santa Fe; allí los Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina declararon efectuar la articulación de políticas de persecución penal, para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y realidades complejas, conscientes que la sociedad en general reclama cada día, con mayor urgencia, que el aparato estatal concurra mediante medios adecuados a la solución de conflictos. También declararon que “las jurisdicciones provinciales, donde aún no rige el sistema acusatorio, transiten rápidamente el camino que desemboque en el mismo, superando sistemas procesales cuyo fracaso no puede ya disimularse”.