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Protocolo adicional entre el MPBA y la Defensoría del Pueblo en materia de derecho animal

    15/09/2026

Protocolo adicional entre el MPBA y la Defensoría del Pueblo en materia de derecho animal

    15/09/2026

Protocolo adicional entre el MPBA y la Defensoría del Pueblo en materia de derecho animal

    15/09/2026

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, y el Defensor del Pueblo, Dr. Guido Lorenzino, suscribieron un protocolo que dispone la implementación de capacitaciones obligatorias destinadas a quienes incurran en delitos vinculados al maltrato y la crueldad contra los animales.

El acuerdo establece la puesta en marcha de los Talleres Restaurativos de Maltrato y Crueldad Animal, que podrán aplicarse en supuestos de suspensión del juicio a prueba (probation), en condenas judiciales con reglas de conducta obligatorias, en archivos sujetos a condiciones conforme el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y en otros casos adicionales que se definan en el futuro.

La finalidad de los talleres es que las personas imputadas comprendan las consecuencias de sus actos, reflexionen sobre las situaciones de violencia que dieron origen a las causas judiciales y desarrollen conciencia respecto de la protección animal. La propuesta se inscribe en un enfoque restaurativo, complementario al abordaje estrictamente penal de los hechos.

Lorenzino destacó que avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley de Maltrato Animal es crucial para garantizar los derechos de los animales y promover una sociedad más respetuosa. Explicó que los talleres buscan que quienes violen la norma no solo reciban una sanción, sino que atraviesen un proceso restaurativo y formativo que evite la reincidencia.

Por su parte, el Procurador General señaló que la iniciativa busca no solo sancionar el maltrato y la crueldad animal, sino también transformar conductas, destacando que los talleres permiten intervenir de manera directa sobre los agresores y favorecer la toma de conciencia, la empatía y la prevención de la reincidencia. Al mismo tiempo, subrayó la dimensión social del convenio, al remarcar que la restauración constituye un elemento esencial para garantizar el equilibrio y la armonía comunitaria, en especial frente a situaciones de violencia ejercida contra los animales.

 

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, y el Defensor del Pueblo, Dr. Guido Lorenzino, suscribieron un protocolo que dispone la implementación de capacitaciones obligatorias destinadas a quienes incurran en delitos vinculados al maltrato y la crueldad contra los animales.

El acuerdo establece la puesta en marcha de los Talleres Restaurativos de Maltrato y Crueldad Animal, que podrán aplicarse en supuestos de suspensión del juicio a prueba (probation), en condenas judiciales con reglas de conducta obligatorias, en archivos sujetos a condiciones conforme el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y en otros casos adicionales que se definan en el futuro.

La finalidad de los talleres es que las personas imputadas comprendan las consecuencias de sus actos, reflexionen sobre las situaciones de violencia que dieron origen a las causas judiciales y desarrollen conciencia respecto de la protección animal. La propuesta se inscribe en un enfoque restaurativo, complementario al abordaje estrictamente penal de los hechos.

Lorenzino destacó que avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley de Maltrato Animal es crucial para garantizar los derechos de los animales y promover una sociedad más respetuosa. Explicó que los talleres buscan que quienes violen la norma no solo reciban una sanción, sino que atraviesen un proceso restaurativo y formativo que evite la reincidencia.

Por su parte, el Procurador General señaló que la iniciativa busca no solo sancionar el maltrato y la crueldad animal, sino también transformar conductas, destacando que los talleres permiten intervenir de manera directa sobre los agresores y favorecer la toma de conciencia, la empatía y la prevención de la reincidencia. Al mismo tiempo, subrayó la dimensión social del convenio, al remarcar que la restauración constituye un elemento esencial para garantizar el equilibrio y la armonía comunitaria, en especial frente a situaciones de violencia ejercida contra los animales.

 

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, y el Defensor del Pueblo, Dr. Guido Lorenzino, suscribieron un protocolo que dispone la implementación de capacitaciones obligatorias destinadas a quienes incurran en delitos vinculados al maltrato y la crueldad contra los animales.

El acuerdo establece la puesta en marcha de los Talleres Restaurativos de Maltrato y Crueldad Animal, que podrán aplicarse en supuestos de suspensión del juicio a prueba (probation), en condenas judiciales con reglas de conducta obligatorias, en archivos sujetos a condiciones conforme el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y en otros casos adicionales que se definan en el futuro.

La finalidad de los talleres es que las personas imputadas comprendan las consecuencias de sus actos, reflexionen sobre las situaciones de violencia que dieron origen a las causas judiciales y desarrollen conciencia respecto de la protección animal. La propuesta se inscribe en un enfoque restaurativo, complementario al abordaje estrictamente penal de los hechos.

Lorenzino destacó que avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley de Maltrato Animal es crucial para garantizar los derechos de los animales y promover una sociedad más respetuosa. Explicó que los talleres buscan que quienes violen la norma no solo reciban una sanción, sino que atraviesen un proceso restaurativo y formativo que evite la reincidencia.

Por su parte, el Procurador General señaló que la iniciativa busca no solo sancionar el maltrato y la crueldad animal, sino también transformar conductas, destacando que los talleres permiten intervenir de manera directa sobre los agresores y favorecer la toma de conciencia, la empatía y la prevención de la reincidencia. Al mismo tiempo, subrayó la dimensión social del convenio, al remarcar que la restauración constituye un elemento esencial para garantizar el equilibrio y la armonía comunitaria, en especial frente a situaciones de violencia ejercida contra los animales.