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MPBA: Firma Digital

    27/11/2015 | La Procuración es el primer organismo público provincial que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital

MPBA: Firma Digital

    27/11/2015 | La Procuración es el primer organismo público provincial que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital

MPBA: Firma Digital

    27/11/2015 | La Procuración es el primer organismo público provincial que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital

La puesta en funcionamiento de la firma digital, una solución tecnológica que permite reemplazar la firma manuscrita en los documentos públicos electrónicos con el mismo valor legal y, a la vez, determinar la identidad del firmante además de asegurar que los contenidos enviados no fueron modificados, fue oficializada a través de un encuentro celebrado en la sede dela ProcuraciónGeneralbonarense.Se trata de la primera Procuración General del país y del primer organismo público provincial que incorpora el sistema y que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital. De este modo, se encuentra facultada para administrar y utilizar la firma digital, por haberse constituido como Autoridad de Registro reconocida porla ONTI(Oficina Nacional de Tecnologías de Información) en su carácter de organismo certificador.El acto de oficialización fue presidido por la procuradora general, María del Carmen Falbo y el subprocurador Juan Angel de Oliveira, con la presencia de secretarios y subsecretarios del ministerio público.La firma digital es susceptible de verificación por terceras partes ya que permite al receptor de un mensaje o documento digital determinar la autoría y confirmar que no fue alterado posteriormente a su firma. Se compone de una infraestructura dividida en una parte tecnológica y de seguridad de la información, así como de una parte legal.En el marco de la eficacia y eficiencia del servicio de Justicia,la Procuradora le dio impulso y a través de diversos trámites se concretó la implementación de la firma digital, con la finalidad de promover el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; optimizar la productividad de los organismos; reducir los costos de almacenamiento y de traslado del papel, generándose un considerable ahorro de recursos de todo tipo y promoviendo, de ese modo, una relación más estrecha entre el servicio de Justicia y el ciudadano.
La puesta en funcionamiento de la firma digital, una solución tecnológica que permite reemplazar la firma manuscrita en los documentos públicos electrónicos con el mismo valor legal y, a la vez, determinar la identidad del firmante además de asegurar que los contenidos enviados no fueron modificados, fue oficializada a través de un encuentro celebrado en la sede dela ProcuraciónGeneralbonarense.Se trata de la primera Procuración General del país y del primer organismo público provincial que incorpora el sistema y que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital. De este modo, se encuentra facultada para administrar y utilizar la firma digital, por haberse constituido como Autoridad de Registro reconocida porla ONTI(Oficina Nacional de Tecnologías de Información) en su carácter de organismo certificador.El acto de oficialización fue presidido por la procuradora general, María del Carmen Falbo y el subprocurador Juan Angel de Oliveira, con la presencia de secretarios y subsecretarios del ministerio público.La firma digital es susceptible de verificación por terceras partes ya que permite al receptor de un mensaje o documento digital determinar la autoría y confirmar que no fue alterado posteriormente a su firma. Se compone de una infraestructura dividida en una parte tecnológica y de seguridad de la información, así como de una parte legal.En el marco de la eficacia y eficiencia del servicio de Justicia,la Procuradora le dio impulso y a través de diversos trámites se concretó la implementación de la firma digital, con la finalidad de promover el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; optimizar la productividad de los organismos; reducir los costos de almacenamiento y de traslado del papel, generándose un considerable ahorro de recursos de todo tipo y promoviendo, de ese modo, una relación más estrecha entre el servicio de Justicia y el ciudadano.
La puesta en funcionamiento de la firma digital, una solución tecnológica que permite reemplazar la firma manuscrita en los documentos públicos electrónicos con el mismo valor legal y, a la vez, determinar la identidad del firmante además de asegurar que los contenidos enviados no fueron modificados, fue oficializada a través de un encuentro celebrado en la sede dela ProcuraciónGeneralbonarense.Se trata de la primera Procuración General del país y del primer organismo público provincial que incorpora el sistema y que adhiere a la infraestructura nacional de firma digital. De este modo, se encuentra facultada para administrar y utilizar la firma digital, por haberse constituido como Autoridad de Registro reconocida porla ONTI(Oficina Nacional de Tecnologías de Información) en su carácter de organismo certificador.El acto de oficialización fue presidido por la procuradora general, María del Carmen Falbo y el subprocurador Juan Angel de Oliveira, con la presencia de secretarios y subsecretarios del ministerio público.La firma digital es susceptible de verificación por terceras partes ya que permite al receptor de un mensaje o documento digital determinar la autoría y confirmar que no fue alterado posteriormente a su firma. Se compone de una infraestructura dividida en una parte tecnológica y de seguridad de la información, así como de una parte legal.En el marco de la eficacia y eficiencia del servicio de Justicia,la Procuradora le dio impulso y a través de diversos trámites se concretó la implementación de la firma digital, con la finalidad de promover el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; optimizar la productividad de los organismos; reducir los costos de almacenamiento y de traslado del papel, generándose un considerable ahorro de recursos de todo tipo y promoviendo, de ese modo, una relación más estrecha entre el servicio de Justicia y el ciudadano.