El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.
Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se ha formalizado la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.
Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).
El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la "Ley Justina" (Ley Nacional N° 27.447) y la Ley Provincial N° 15.419 que adhirió a la misma, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de la prueba en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.
A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para los magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.
Entre los puntos más destacados, se establece: prioridad y celeridad (el Juez de Garantías debe resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas), intervención fiscal (el Agente Fiscal deberá emitir su opinión sobre la viabilidad del procedimiento en un máximo de dos horas, asegurando que la extracción de órganos no comprometa el examen autopsiano posterior), y coordinación pericial (se garantiza que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales, facilitando así la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias).
Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). La participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten que el sistema de justicia actúe con la sensibilidad humana que el tema requiere, sin descuidar el rigor técnico-científico de la labor pericial.
El acuerdo marco incluye, además, un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados. El objetivo es que tanto el personal policial que llega primero a la escena, como los instructores judiciales y el personal sanitario, compartan un lenguaje común y procedimientos estandarizados que minimicen los tiempos de respuesta.
Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, entendiendo que la coordinación interinstitucional es la herramienta más efectiva para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el derecho a la justicia de toda la sociedad.
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.
Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se ha formalizado la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.
Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).
El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la "Ley Justina" (Ley Nacional N° 27.447) y la Ley Provincial N° 15.419 que adhirió a la misma, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de la prueba en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.
A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para los magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.
Entre los puntos más destacados, se establece: prioridad y celeridad (el Juez de Garantías debe resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas), intervención fiscal (el Agente Fiscal deberá emitir su opinión sobre la viabilidad del procedimiento en un máximo de dos horas, asegurando que la extracción de órganos no comprometa el examen autopsiano posterior), y coordinación pericial (se garantiza que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales, facilitando así la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias).
Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). La participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten que el sistema de justicia actúe con la sensibilidad humana que el tema requiere, sin descuidar el rigor técnico-científico de la labor pericial.
El acuerdo marco incluye, además, un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados. El objetivo es que tanto el personal policial que llega primero a la escena, como los instructores judiciales y el personal sanitario, compartan un lenguaje común y procedimientos estandarizados que minimicen los tiempos de respuesta.
Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, entendiendo que la coordinación interinstitucional es la herramienta más efectiva para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el derecho a la justicia de toda la sociedad.
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.
Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se ha formalizado la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.
Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA).
El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la "Ley Justina" (Ley Nacional N° 27.447) y la Ley Provincial N° 15.419 que adhirió a la misma, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de la prueba en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.
A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para los magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.
Entre los puntos más destacados, se establece: prioridad y celeridad (el Juez de Garantías debe resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas), intervención fiscal (el Agente Fiscal deberá emitir su opinión sobre la viabilidad del procedimiento en un máximo de dos horas, asegurando que la extracción de órganos no comprometa el examen autopsiano posterior), y coordinación pericial (se garantiza que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales, facilitando así la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias).
Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). La participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten que el sistema de justicia actúe con la sensibilidad humana que el tema requiere, sin descuidar el rigor técnico-científico de la labor pericial.
El acuerdo marco incluye, además, un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados. El objetivo es que tanto el personal policial que llega primero a la escena, como los instructores judiciales y el personal sanitario, compartan un lenguaje común y procedimientos estandarizados que minimicen los tiempos de respuesta.
Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, entendiendo que la coordinación interinstitucional es la herramienta más efectiva para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el derecho a la justicia de toda la sociedad.
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