Como consecuencia de los avances registrados en el marco del Plan Estratégico institucional de implementación de Inteligencia Artificial Generativa, el Procurador General dictó la Resolución PG N.° 2072/25 modificatoria del Capítulo V del “Marco Normativo y Estratégico para la adopción responsable de la Inteligencia Artificial Generativa”.
Durante esta etapa, diversos organismos internacionales especializados ―entre ellos, la ONU, UNESCO y OCDE― publicaron informes y guías que respaldan la estrategia adoptada por el Ministerio Público y aportan lineamientos de alto valor para el fortalecimiento del uso seguro, responsable y eficiente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen).
A nivel jurisprudencial, también se observaron antecedentes recientes que exponen los riesgos asociados al uso inadecuado de tecnologías basadas en IA, reforzando la importancia de contar con marcos normativos claros, actualizados y orientados a la protección de derechos.
A su vez, se incorporó una funcionalidad que permite anonimizar los datos ingresados en las conversaciones con “ChatIA”, reforzando las garantías de confidencialidad en el manejo de la información institucional.
También se avanzó en la puesta en marcha del convenio suscripto con Microsoft Argentina que contribuirá a promover en forma efectiva la alfabetización digital de los usuarios del organismo.
En ese marco, las áreas que participaron de la prueba piloto —esto es, la Fiscalía ante el Tribunal de Casación, las Fiscalías de Cámara de Bahía Blanca y Mercedes, la Defensoría Departamental de Moreno–General Rodríguez y la Asesoría de Menores e Incapaces N.° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora—, emitieron dictámenes favorables en relación con el caso de uso propuesto y la viabilidad de continuar y profundizar el proceso de implementación de esta tecnología en el Ministerio Público.
A partir de ello, la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital elevó un informe técnico al Procurador General propiciando una modificación del Marco Normativo vigente.
La Resolución N.° 2072/25, dictada por el Procurador General, impulsa la profundización y ampliación de la prueba piloto en curso. En esta instancia, cada área interviniente podrá explorar al menos un caso de uso específico definido según sus necesidades funcionales, características operativas y tipo de intervención institucional.
Asimismo, habilita de manera gradual y bajo condiciones estrictamente controladas la posibilidad de trabajar con información vinculada a causas en trámite, exclusivamente a través del modelo de lenguaje de Gran Tamaño (LLM) interno alojado en la infraestructura tecnológica institucional.
Del mismo modo, promueve el diseño de una biblioteca institucional de prompts seguros o “potentes”, orientada a optimizar el uso de la IAGen y mitigar el riesgo de posibles alucinaciones. Con el objetivo de alinear las expectativas de los usuarios y favorecer un uso estandarizado, se incorporarán recomendaciones y buenas prácticas adaptadas a cada clase de modelo de gran tamaño incorporado.
Finalmente, en el mediano plazo, se prevé avanzar en la integración progresiva de “ChatIA” con los sistemas institucionales del MPBA, a fin de facilitar flujos de trabajo asistidos por Inteligencia Artificial Generativa.
Dichas integraciones se desarrollarán de manera gradual, conforme a la madurez de los casos de uso identificados, la evaluación de riesgos y la factibilidad técnica.
Como consecuencia de los avances registrados en el marco del Plan Estratégico institucional de implementación de Inteligencia Artificial Generativa, el Procurador General dictó la Resolución PG N.° 2072/25 modificatoria del Capítulo V del “Marco Normativo y Estratégico para la adopción responsable de la Inteligencia Artificial Generativa”.
Durante esta etapa, diversos organismos internacionales especializados ―entre ellos, la ONU, UNESCO y OCDE― publicaron informes y guías que respaldan la estrategia adoptada por el Ministerio Público y aportan lineamientos de alto valor para el fortalecimiento del uso seguro, responsable y eficiente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen).
A nivel jurisprudencial, también se observaron antecedentes recientes que exponen los riesgos asociados al uso inadecuado de tecnologías basadas en IA, reforzando la importancia de contar con marcos normativos claros, actualizados y orientados a la protección de derechos.
A su vez, se incorporó una funcionalidad que permite anonimizar los datos ingresados en las conversaciones con “ChatIA”, reforzando las garantías de confidencialidad en el manejo de la información institucional.
También se avanzó en la puesta en marcha del convenio suscripto con Microsoft Argentina que contribuirá a promover en forma efectiva la alfabetización digital de los usuarios del organismo.
En ese marco, las áreas que participaron de la prueba piloto —esto es, la Fiscalía ante el Tribunal de Casación, las Fiscalías de Cámara de Bahía Blanca y Mercedes, la Defensoría Departamental de Moreno–General Rodríguez y la Asesoría de Menores e Incapaces N.° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora—, emitieron dictámenes favorables en relación con el caso de uso propuesto y la viabilidad de continuar y profundizar el proceso de implementación de esta tecnología en el Ministerio Público.
A partir de ello, la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital elevó un informe técnico al Procurador General propiciando una modificación del Marco Normativo vigente.
La Resolución N.° 2072/25, dictada por el Procurador General, impulsa la profundización y ampliación de la prueba piloto en curso. En esta instancia, cada área interviniente podrá explorar al menos un caso de uso específico definido según sus necesidades funcionales, características operativas y tipo de intervención institucional.
Asimismo, habilita de manera gradual y bajo condiciones estrictamente controladas la posibilidad de trabajar con información vinculada a causas en trámite, exclusivamente a través del modelo de lenguaje de Gran Tamaño (LLM) interno alojado en la infraestructura tecnológica institucional.
Del mismo modo, promueve el diseño de una biblioteca institucional de prompts seguros o “potentes”, orientada a optimizar el uso de la IAGen y mitigar el riesgo de posibles alucinaciones. Con el objetivo de alinear las expectativas de los usuarios y favorecer un uso estandarizado, se incorporarán recomendaciones y buenas prácticas adaptadas a cada clase de modelo de gran tamaño incorporado.
Finalmente, en el mediano plazo, se prevé avanzar en la integración progresiva de “ChatIA” con los sistemas institucionales del MPBA, a fin de facilitar flujos de trabajo asistidos por Inteligencia Artificial Generativa.
Dichas integraciones se desarrollarán de manera gradual, conforme a la madurez de los casos de uso identificados, la evaluación de riesgos y la factibilidad técnica.
Como consecuencia de los avances registrados en el marco del Plan Estratégico institucional de implementación de Inteligencia Artificial Generativa, el Procurador General dictó la Resolución PG N.° 2072/25 modificatoria del Capítulo V del “Marco Normativo y Estratégico para la adopción responsable de la Inteligencia Artificial Generativa”.
Durante esta etapa, diversos organismos internacionales especializados ―entre ellos, la ONU, UNESCO y OCDE― publicaron informes y guías que respaldan la estrategia adoptada por el Ministerio Público y aportan lineamientos de alto valor para el fortalecimiento del uso seguro, responsable y eficiente de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen).
A nivel jurisprudencial, también se observaron antecedentes recientes que exponen los riesgos asociados al uso inadecuado de tecnologías basadas en IA, reforzando la importancia de contar con marcos normativos claros, actualizados y orientados a la protección de derechos.
A su vez, se incorporó una funcionalidad que permite anonimizar los datos ingresados en las conversaciones con “ChatIA”, reforzando las garantías de confidencialidad en el manejo de la información institucional.
También se avanzó en la puesta en marcha del convenio suscripto con Microsoft Argentina que contribuirá a promover en forma efectiva la alfabetización digital de los usuarios del organismo.
En ese marco, las áreas que participaron de la prueba piloto —esto es, la Fiscalía ante el Tribunal de Casación, las Fiscalías de Cámara de Bahía Blanca y Mercedes, la Defensoría Departamental de Moreno–General Rodríguez y la Asesoría de Menores e Incapaces N.° 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora—, emitieron dictámenes favorables en relación con el caso de uso propuesto y la viabilidad de continuar y profundizar el proceso de implementación de esta tecnología en el Ministerio Público.
A partir de ello, la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital elevó un informe técnico al Procurador General propiciando una modificación del Marco Normativo vigente.
La Resolución N.° 2072/25, dictada por el Procurador General, impulsa la profundización y ampliación de la prueba piloto en curso. En esta instancia, cada área interviniente podrá explorar al menos un caso de uso específico definido según sus necesidades funcionales, características operativas y tipo de intervención institucional.
Asimismo, habilita de manera gradual y bajo condiciones estrictamente controladas la posibilidad de trabajar con información vinculada a causas en trámite, exclusivamente a través del modelo de lenguaje de Gran Tamaño (LLM) interno alojado en la infraestructura tecnológica institucional.
Del mismo modo, promueve el diseño de una biblioteca institucional de prompts seguros o “potentes”, orientada a optimizar el uso de la IAGen y mitigar el riesgo de posibles alucinaciones. Con el objetivo de alinear las expectativas de los usuarios y favorecer un uso estandarizado, se incorporarán recomendaciones y buenas prácticas adaptadas a cada clase de modelo de gran tamaño incorporado.
Finalmente, en el mediano plazo, se prevé avanzar en la integración progresiva de “ChatIA” con los sistemas institucionales del MPBA, a fin de facilitar flujos de trabajo asistidos por Inteligencia Artificial Generativa.
Dichas integraciones se desarrollarán de manera gradual, conforme a la madurez de los casos de uso identificados, la evaluación de riesgos y la factibilidad técnica.
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