Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el Taller sobre "Técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción”, del que participaron en representación del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires el Dr. Pablo Wuhsagk, Subsecretario de la Procuración General a cargo del Departamento de Delitos Derivados de la Ley de Estupefacientes N.º 23.737 y modificatorias y el Dr. Fernando Amador López, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Estupefacientes del Departamento Judicial La Matanza.

La actividad, desarrollada del 22 al 24 de octubre, fue organizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), constituyendo el tercer nivel del programa que tuvo sus dos ediciones anteriores en 2022 y 2023.

El taller se realizó en el marco de las acciones que la UNODC y la PIA vienen desplegando como parte de la ejecución de la hoja de ruta de la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) para América del Sur y México, con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. 

En los encuentros se abordaron, mediante exposiciones y mesas de trabajo a cargo de destacados especialistas, diversos enfoques para el análisis de documentos de la delincuencia informática, la ciencia forense de Internet, las tipologías de delitos informáticos, el funcionamiento de la tecnología especializada y una visión general de las criptomonedas y los NFT, que abarcó técnicas y herramientas para identificar, rastrear, incautar y potencialmente decomisar activos virtuales.

Estuvieron presentes autoridades y representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación; de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y del Ministerio de Hacienda de la Reública Paraguay; de la Contraloría General de la República de Colombia; integrantes de las procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC); de Narcocriminalidad (PROCUNAR)  y miembros de la Fundación Poder Ciudadano, entre otras organizaciones.