La Organización de Naciones Unidas ha proclamado por resolución de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1997 al “26 de junio el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987”. En esta oportunidad la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y CODESEDH han asumido el compromiso, junto a otras organizaciones, de intensificar los esfuerzos nacionales para avanzar en la prevención y erradicación de la tortura. La asistencia a las víctimas debe ser incluida, no sólo como una respuesta reparatoria e integral en la restitución de derechos violados, sino que además debe constituirse en un componente movilizador en la lucha contra la impunidad que puede generarse en la medida que resulte insuficiente o ausente el proceso judicial de investigación y sanción a los perpetradores.Las declaraciones de miles de testigos víctimas del terrorismo de Estado en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se celebran en distintas jurisdicciones del país, dan cuenta del grado más extremo de la violación a la dignidad humana que existió en Argentina y el juzgamiento a los responsables es un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.En este contexto compartimos fragmentos del manifiesto de la OMCT:
“(…) Sabemos que la tortura ha sido siempre extensamente practicada, pero habíamos fundado nuestra esperanza que desaparecería con los compromisos adoptados por los 146 gobiernos de Estados partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, parece que muchos gobiernos tanto del Sur como del Norte, están utilizando ciertos miedos y tensiones para justificar lo que antes negaban o escondían.La alegación de especificidades culturales alienta a gobiernos a negar la universalidad de determinados valores éticos, y a controvertir que los derechos humanos puedan ser los mismos en todas partes. Las exigencias del desarrollo sirven de pretexto para justificar el irrespeto de los derechos fundamentales en la búsqueda de objetivos económicos colectivos considerados superiores a la defensa de los derechos individuales. Así, la seguridad, convertida en valor absoluto, justifica derogar obligaciones definidas como absolutas.Nos duele que la mayoría de las víctimas de la tortura sean los pobres cuyos derechos económicos o sociales han sido violados. Si protestan, ellos y quienes los defienden son objeto de violencias, tortura o simplemente desaparecen para siempre. La criminalización de la protesta social se extiende y borra siglos de progreso.Rechazamos las argucias jurídicas y técnicas que hacen de esta violencia una tortura o de esta otra una “presión aceptable”. El torturador, al infligir deliberadamente dolores o sufrimientos físicos o psíquicos agudos a otro ser humano, busca obtener de éste una confesión o hacerlo callar, humillarlo y aterrorizarlo. Consideraremos responsables de estas violencias a aquellos gobiernos que dejan actuar a grupos paramilitares, a escuadrones de la muerte, a milicias privadas o que no controlan los abusos de poder de la policía.Corresponde a las autoridades y a las instituciones judiciales o cuasi judiciales velar para que el derecho no sólo sea proclamado, sino también respetado en la cotidianidad. Las opiniones públicas y los medios de comunicación tienen la esencial responsabilidad de apoyarlas en esta tarea y de interpelarlas si fallan en sus obligaciones. Desgraciadamente en la década que termina, esa opinión pública, garante de un mayor respeto de los derechos humanos, frecuentemente se ha dejado convencer, en nombre del “realismo y la eficiencia”, de aceptar prácticas que constituyen tortura o malos tratos. La seguridad, el derecho a un nivel de vida económico y socialmente decente y el respeto de la cultura, pertenecen a todos los miembros de la sociedad. No solamente a los inocentes cuya integridad y libertad son inviolables por parte del Estado y a los que se debe garantizar el respeto por su integridad física, psíquica y moral, sino también a los delincuentes que deben tener la certeza de que serán juzgados por tribunales independientes, y con penas fijadas por la ley. Esos derechos pertenecen también a los policías y a los jueces cuya tarea consiste en la construcción de una sociedad segura por cualquier modo legítimo que honra su profesión. Pertenecen también a las víctimas que, exigiendo justicia y reparación, deben renunciar a la venganza. Pertenecen también a las mujeres que en su vida profesional y doméstica deben poder actuar con la certeza de ser tratadas permanentemente en igualdad con los hombres. Pertenecen a los indígenas y a las minorías étnicas, que gozan de los mismos derechos que cualquier otro miembro de la familia humana. Pertenecen a los pobres, cuyo derecho a luchar para cambiar su condición no será criminalizado. Pertenecen a los migrantes y desplazados que buscan en otra tierra la seguridad que se les negó en su lugar de origen. Pertenecen a los defensores de derechos humanos cuya lucha merece ser reconocida y apoyada, porque todo atentado a sus derechos afecta a los de las víctimas que ellos defienden. Pertenecen, finalmente, a la sociedad entera cuyo desarrollo es imposible si, individual y colectivamente, no estamos todos convencidos que es posible construir un mundo en que todos los derechos de todos estén garantizados a cada uno.”El manifiesto que se ha expuesto ha sido acompañado por un conjunto de Premios Nobel y en el que se destaca la firma de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Las/os invitamos a firmar el Manifiesto “Ninguna circunstancia permite tolerar la Tortura”.

CODESEDH
Buenos Aires, junio de 2011.