Nuevas áreas temáticas y de gestión dentro de la Secretaría de Política Criminal
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06/08/2021
Nuevas áreas temáticas y de gestión dentro de la Secretaría de Política Criminal
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06/08/2021
Nuevas áreas temáticas y de gestión dentro de la Secretaría de Política Criminal
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06/08/2021
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, por medio de la Resolución PG 595/21, aprobó el nuevo organigrama de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, mediante la cual se crean nuevas áreas temáticas y de gestión.
Se incorporan a la estructura cuatro áreas funcionales: la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar; el Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativas de Conflictos; el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas; y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales.
Asimismo, los demás departamentos y áreas existentes de la Secretaría continúan funcionando con la misma conformación y competencias.
La creación de un espacio institucional jerarquizado dedicado a delinear políticas de género, en especial en lo atinente a la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, como así de la que se desarrolla en el contexto familiar, es un paso más de los muchos que esta Procuración General ha dado en el transcurso del tiempo. Así, en línea con lo señalado en las Resoluciones PG N° 346/14, N° 801/16, N° 805/16, N° 476/2018, N° 4/2020, N° 184/2020, se tiende a fortalecer el trabajo y las dinámicas internas del Ministerio Público Fiscal tendiente a asegurar mejoras y eficiencias en el abordaje de este tipo de criminalidad.
En ese sentido, la adopción de protocolos de actuación como así también la incesante capacitación del personal en todos sus estamentos, exigen a los miembros del Ministerio Público un análisis de los casos bajo la perspectiva de género. Es así que, más allá de las exigencias que se derivan de la observancia de la Ley N° 27.499 ("Ley Micaela"), se han extremado los medios para generar diversos mecanismos de concientización y capacitación sobre la materia, al tiempo que se han auspiciado y organizado eventos de relevancia para colaborar en la visibilización de este fenómeno criminal y asegurar el compromiso de todos los miembros del Ministerio Público.
La creación de una Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar es un eslabón más en la larga cadena de decisiones adoptadas para fortalecer la lucha contra este tipo de violencias y, de este modo dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales relacionados con ello.
En el mismo sentido, el Departamento de Víctimas favorecerá la articulación institucional con los nuevos organismos creados por la ley 15.232, a través de un área específica y especializada. Por su parte, el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas, permitirá adecuarse al actual sistema penal que impone focalizar en nuevas modalidades delictivas que crecieron drásticamente durante la pandemia, y que exigen una permanente actualización para hacer frente al accionar de los ciberdelincuentes.
Finalmente, la actividad pericial requiere una coordinación especial que agilice esta tarea que involucra a múltiples actores dentro y fuera del Ministerio Público, y que facilite la interacción entre fiscales, investigadores y gabinetes periciales.
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, por medio de la Resolución PG 595/21, aprobó el nuevo organigrama de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, mediante la cual se crean nuevas áreas temáticas y de gestión.
Se incorporan a la estructura cuatro áreas funcionales: la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar; el Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativas de Conflictos; el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas; y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales.
Asimismo, los demás departamentos y áreas existentes de la Secretaría continúan funcionando con la misma conformación y competencias.
La creación de un espacio institucional jerarquizado dedicado a delinear políticas de género, en especial en lo atinente a la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, como así de la que se desarrolla en el contexto familiar, es un paso más de los muchos que esta Procuración General ha dado en el transcurso del tiempo. Así, en línea con lo señalado en las Resoluciones PG N° 346/14, N° 801/16, N° 805/16, N° 476/2018, N° 4/2020, N° 184/2020, se tiende a fortalecer el trabajo y las dinámicas internas del Ministerio Público Fiscal tendiente a asegurar mejoras y eficiencias en el abordaje de este tipo de criminalidad.
En ese sentido, la adopción de protocolos de actuación como así también la incesante capacitación del personal en todos sus estamentos, exigen a los miembros del Ministerio Público un análisis de los casos bajo la perspectiva de género. Es así que, más allá de las exigencias que se derivan de la observancia de la Ley N° 27.499 ("Ley Micaela"), se han extremado los medios para generar diversos mecanismos de concientización y capacitación sobre la materia, al tiempo que se han auspiciado y organizado eventos de relevancia para colaborar en la visibilización de este fenómeno criminal y asegurar el compromiso de todos los miembros del Ministerio Público.
La creación de una Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar es un eslabón más en la larga cadena de decisiones adoptadas para fortalecer la lucha contra este tipo de violencias y, de este modo dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales relacionados con ello.
En el mismo sentido, el Departamento de Víctimas favorecerá la articulación institucional con los nuevos organismos creados por la ley 15.232, a través de un área específica y especializada. Por su parte, el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas, permitirá adecuarse al actual sistema penal que impone focalizar en nuevas modalidades delictivas que crecieron drásticamente durante la pandemia, y que exigen una permanente actualización para hacer frente al accionar de los ciberdelincuentes.
Finalmente, la actividad pericial requiere una coordinación especial que agilice esta tarea que involucra a múltiples actores dentro y fuera del Ministerio Público, y que facilite la interacción entre fiscales, investigadores y gabinetes periciales.
El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, por medio de la Resolución PG 595/21, aprobó el nuevo organigrama de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, mediante la cual se crean nuevas áreas temáticas y de gestión.
Se incorporan a la estructura cuatro áreas funcionales: la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar; el Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativas de Conflictos; el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas; y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales.
Asimismo, los demás departamentos y áreas existentes de la Secretaría continúan funcionando con la misma conformación y competencias.
La creación de un espacio institucional jerarquizado dedicado a delinear políticas de género, en especial en lo atinente a la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, como así de la que se desarrolla en el contexto familiar, es un paso más de los muchos que esta Procuración General ha dado en el transcurso del tiempo. Así, en línea con lo señalado en las Resoluciones PG N° 346/14, N° 801/16, N° 805/16, N° 476/2018, N° 4/2020, N° 184/2020, se tiende a fortalecer el trabajo y las dinámicas internas del Ministerio Público Fiscal tendiente a asegurar mejoras y eficiencias en el abordaje de este tipo de criminalidad.
En ese sentido, la adopción de protocolos de actuación como así también la incesante capacitación del personal en todos sus estamentos, exigen a los miembros del Ministerio Público un análisis de los casos bajo la perspectiva de género. Es así que, más allá de las exigencias que se derivan de la observancia de la Ley N° 27.499 ("Ley Micaela"), se han extremado los medios para generar diversos mecanismos de concientización y capacitación sobre la materia, al tiempo que se han auspiciado y organizado eventos de relevancia para colaborar en la visibilización de este fenómeno criminal y asegurar el compromiso de todos los miembros del Ministerio Público.
La creación de una Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Familiar es un eslabón más en la larga cadena de decisiones adoptadas para fortalecer la lucha contra este tipo de violencias y, de este modo dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y convencionales relacionados con ello.
En el mismo sentido, el Departamento de Víctimas favorecerá la articulación institucional con los nuevos organismos creados por la ley 15.232, a través de un área específica y especializada. Por su parte, el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas, permitirá adecuarse al actual sistema penal que impone focalizar en nuevas modalidades delictivas que crecieron drásticamente durante la pandemia, y que exigen una permanente actualización para hacer frente al accionar de los ciberdelincuentes.
Finalmente, la actividad pericial requiere una coordinación especial que agilice esta tarea que involucra a múltiples actores dentro y fuera del Ministerio Público, y que facilite la interacción entre fiscales, investigadores y gabinetes periciales.
